De cifras chuecas y otras memeces por el estilo.

Como he comentado en una entrada previa de este blog, el empleo de las estadísticas se asume, en determinados círculos, como la prueba objetiva de que algo sucede, o no sucede, o debe de suceder en lo que se conoce como el mundo real. No importa si de lo que se habla es de la cantidad de pobres que viven en un país, de las posibilidades de consumo con que cuenta un sector de la población, de los índices de reprobación que aquejan a una institución educativa o del número de libros que leen quienes habitan en una provincia determinada: las cifras se cocinan bajo diferentes metodologías, se hacen acompañar por sesudas explicaciones —que por lo general hacen todo, menos explicar— y se venden como el no va más de las verdades objetivas, merced a cuya enunciación es preciso tomar una serie de medidas, sin importar su profundidad, pero que no deben relegarse al costal de lo no hecho debido a que por ahí, en algún lugar, están las cifras que muestran la verdad del acontecer.

Lo anterior es un hecho para quienes integran el colectivo estudiantil denominado Asamblea FFyL, órgano que supuestamente representa los intereses de la comunidad —estudiantes, académicos, trabajadores— de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional pero que, en realidad —ojo con el término—, sólo expresa el sentir de una parte de la misma. De una parte minoritaria, vale decirlo: una parte que supone que, en esta vida, los logros se alcanzan mediante la conocida mecánica de estirar la mano para pedir; si el otro no hace caso, entonces se procede a sacar el garrote para quitar al otro lo que buenamente no quiso dar. Una parte que, asimismo, no parece estar dispuesta a dar nada, en el entendido de que el otro está obligado a dar lo que se exige, y que de su propio lado no existe obligación alguna de realizar nada; una parte que se asume mayoritariamente como estudiantil, pero que en buena medida poco estudia; una parte radical, reaccionaria —según la segunda acepción que brinda el diccionario de la RAE—, dedicada a obstaculizar el trabajo de los demás, propensa a construir enemigos a modo, a jugar con el infundio, el rumor y la maledicencia —como si fueran cualquier vulgar pseudo periodista de espectáculos o cualquier politiquillo de quinta—, y muy convencida de su propia importancia como cuerpo representativo de una colectividad que sólo existe en su imaginación.

A partir de lo mencionado, la asamblea se asume como la —única y singular— representante de las necesidades de la comunidad, el único cuerpo facultado para dialogar —es un eufemismo— con la autoridad y también el único grupo poseedor de la verdad sobre lo que sucede al interior de la propia facultad, a partir de lo cual ha trazado una línea de acción —tendiente a la pelea de barrio, no al diálogo, aunque les guste decir lo contrario— y se ha confrontado con medio mundo, incluidos estudiantes, trabajadores y académicos que no concuerdan —es decir, que no concordamos— con sus propuestas.

A lo largo de su existencia, la asamblea se ha dedicado a plantear ante la autoridad una serie de exigencias que van de lo cómico a lo enternecedor y de lo absurdo a lo imposible, todas ellas cimentadas en la existencia de una serie de cifras que, en el mejor de los casos, parecen inverosímiles, y en el peor son un completo despropósito. Si a ello se suma la confusión conceptual en la que viven —y que les lleva a no entender, por citar sólo un caso, las implicaciones que posee el término privatización—, resulta que sus argumentos no son sino vivos ejemplos de la manera en que puede construirse una realidad conveniente —sin importar que ésta sea un disparate fenomenal— y, con base en eso que se supone que existe —pero que no es tal, o al menos no es así tal cual—, pedir que las condiciones de esa misma realidad se transformen para hacerla otra.

Sin embargo, el asunto de las cifras es cosa grave: sin importar qué tanto se conecte con lo que se percibe en un momento dado, un número puede determinar lo que pasa o no en un sitio, el modo en que sucede y los factores que intervienen para que ello acaezca de la manera en que lo hace. Así, por ejemplo, la gente de la asamblea apunta en un comunicado que 5,321 alumnos de licenciatura no pueden pagar una comida que cueste más de treinta pesos; en otro texto, afirman categóricamente que un alumno de licenciatura necesita cincuenta fotocopias por día, doscientas cincuenta fotocopias por semana, tres mil seiscientas cincuenta por semestre; en el mismo espacio, apuntan sin duda alguna que la facultad ingresa, por concepto de los cobros que se realizan en la División de Educación Continua, setecientos mil pesos cada semestre; por último, que el número de empleados en la Biblioteca Samuel Ramos es insuficiente. Por todo ello, la solución a las exigencias de su pliego petitorio —lo que, enunciado así, deja ver con claridad la añoranza que todo grupo estudiantil que se respete siente por lo realizado en 1968— es obligatoria e impostergable.

Ante lo observado, vale preguntar ¿de dónde es que salen las cifras que sustentan la verdad construida por la asamblea? La respuesta es todo un misterio. Para comenzar, resalta el hecho de que, a menos que uno se dedique a preguntar a todos y cada uno de quienes asisten a la facultad, no es posible saber que exactamente 5,321 alumnos —no 5,300 ni 5,400: 5,321, ni uno más, ni uno menos— no disponen de treinta pesos al día para comprar la comida que se ofrece en la cafetería de la facultad. ¿Se inventaron el número? Posiblemente, dado que no he visto, ni me han contado, que se realice un trabajo de encuestas amplio entre la comunidad. Entonces, ¿lo extrapolaron a partir de lo obtenido en una consulta realizada entre menos gente? Tal vez. De todos modos, aunque se dote de tal halo de irrebatibilidad al número 5,321, la verdad es que la cifra no dice nada por sí misma: quien no dispone de treinta pesos tal vez dispone de veintinueve, o de veintiocho, o de dos, y ello deriva en la posibilidad de alimentarse de distintas formas —como también ya he comentado en otra parte—, en distintas cantidades y en lugares asimismo distintos. Pero, ¿qué sucede si quien no tiene esos treinta pesos lleva comida de su casa? La cifra magistral no lo contempla. ¿Y si no quiere alimentarse en la facultad, o no lo necesita? Tampoco lo dice. ¿Por qué no entra al comedor montado en el auditorio para comer, si ahí la comida es más barata? No: tampoco es posible saber por qué no actúa así. ¿Adónde conduce la cifra absoluta de los 5,321 alumnos? A ningún lado, salvo a cimentar una exigencia con una cifra pretendidamente objetiva, aunque hueca.

¿Y qué hay con el asunto de las fotocopias? Lo mismo: se parte de un supuesto que puede o no ser cierto, dado que decir "generalmente sacan X número de copias" equivale, en el caso que ahora compete a estas líneas, a "es lo que yo —el que escribió el disparate de marras— he vivido, o lo que yo supongo, o lo que me han contado", lo que de ninguna forma tiene ese carácter "general" de que se le ha pretendido dotar. Así, quien redactó —mal, por cierto— el textito de protesta no considera a los alumnos que tienen el dinero suficiente para comprar los libros, a los que no tienen para sacar fotocopias ni a los que deben, por fuerza, sacar más de las cincuenta copias que se asumen como lo que sucede “en general”, pero que de general no tienen nada sino que son, para fines de cualquier análisis, tan arbitrarias como decir “supongamos que los miembros de la asamblea gastan, al mes, doscientos pesos en marihuana y trescientos en cervezas; es decir, gastan al año dos mil cuatrocientos pesos en drogarse y tres mil seiscientos en emborracharse”. ¿Sería aceptable tal enunciación? Por supuesto que no; de hecho, si yo quisiera montar un estudio que diera a conocer la conducta de los asambleístas, tendría que encontrar la manera de informarme —informarme bien, se entiende— sobre cuánto gastan en tales diversiones, e incluso ver si es que lo gastan o no y si son partidarios de tales entretenimientos o tampoco, para a partir de ello presentar una argumentación que fuera creíble, no una que se basara en suposiciones, creencias o quimeras de distinta especie. Lo más interesante de todo esto es que quien hizo su muy cerebral cálculo asume, al final, que su cifra no vale ni siquiera los bytes que ocupa en el ciberespacio, razón por la cual concluye con algo como "más allá de los cálculos que puedan hacerse para demostrar que sí es posible bajar el costo de las fotocopias, lo importante es que, si la autoridad no hace lo que pedimos, queda en evidencia su ansia de lucro". En otras palabras: te lo puse en números, me inventé los números; no me importan los números, lo que quiero es que hagas lo que yo digo. Más claro, ni el champurrado.

Lo mismo sucede con los otros tópicos que pueblan el blog de la asamblea donde, para abundar en los ejemplos, se supone que la biblioteca es un desastre porque el número de sujetos que trabaja en ella es insuficiente, lo que debe conducir a que, por fuerza, se contrate más personal sindicalizado. ¿Así de simple? ¿Por qué forzosamente deben ser sindicalizados? Un momento: los sindicalizados que ya están ahí, ¿de verdad trabajan? Algunos, los menos, me consta que sí, pero otros me consta doble que no: entre la plática, la vuelta para acá y para allá, el comadreo, los festejos de cumpleaños, el chisme sabroso y el descanso de treinta minutos que se incluye en el contrato colectivo —pero que, por usos y costumbres, se convierte en una pausa de cuarenta, cincuenta o sesenta minutos, o incluso más—, la verdad es que en la biblioteca se trabaja poco. Si a eso se suma que, en no pocas ocasiones, los libros se encuentran mal acomodados —porque no falta el día en que llega uno a la clasificación P y se percata de que a P1 sigue, no P2, P3 y así, ad infinitum, como debiera de ser, sino P11, P110, P1100…—, que nadie se hace cargo del área de procesos técnicos, y que el sitio donde está el fondo reservado está por lo general abandonado, y que todo ello es debido las pocas ganas de trabajar que tiene el personal, no a la falta del mismo, la pregunta se torna más insidiosa: ¿por qué contratar más personal? ¿Por qué lo único que acude a las cerradas mentecitas de los asambleístas es pedir, pedir y pedir —en este caso, más personal—, sin considerar que el problema se encuentra en que quienes están no hacen nada? ¿No sería más sensato decir "hay que hacer que la autoridad se comprometa a facilitar cursos de actualización o de capacitación al personal de la biblioteca —lo cual sí está en el contrato colectivo— para que éste haga mejor su trabajo"? No: lo fácil es pedir, exigir, patalear para que se cumpla lo que uno asume como recto y bueno. Lo difícil es proponer con sensatez, con una dosis adecuada de compromiso, de igualdad, en el plano de "si me das, te doy" o incluso, aunque suene utópico, "te doy, y espero que a cambio me des". Por eso este pobre país no avanza: porque puñados de sujetos asumen que se les debe de dar todo —comida o fotocopias, vales de despensa, uniformes o ayudas porque son madres solteras, para el caso no importa— y, en vía de mientras, no hacen nada, no aportan un cinco para que este país salga adelante. Y así, ni cómo hacerle.

Además de lo mencionado, hay una serie notable de problemas conceptuales en los comunicados de la asamblea, donde lo mismo se mienta al neoliberalismo que al fantasma —muy útil a quienes, por ejemplo, se alinean con las posturas ridículas del mesías que vino del pantano— de la privatización, o se confunde lo que son las funciones básicas de una institución educativa con las que le son accesorias, todo ello a propósito de lo que sucede en la División de Educación Continua de la facultad. De esto, sin embargo, me ocuparé en una entrada posterior. De momento, queda aquí esta reflexión, a la espera de lo que suceda en los próximos días, visto que la asamblea ha decidido que el reposo en que se sumía la revolución —muy laica ella— con motivo de la navidad y las fiestas conexas ha terminado, y es hora, cual si fueran los nuevos Pinky y Cerebro, de reanudar el cambio del mundo.

Los números duros, puros y seguros.

Se ha atrubuido al célebre Arquímedes de Siracusa —una de las mentes más despiertas de la Antigüedad Clásica—, a propósito de las posibilidades prácticas de la palanca, la conocida frase "dadme un punto de apoyo y moveré al mundo". Cierto es que, con respecto al tema de referencia, el apotegma indicado es completamente cierto; no obstante, hoy en día podríamos tranquilamente transformarlo en "dadme una cifra, un número o un porcentaje y moveré a las masas" y diríamos también una gran verdad.

En plena posmodernidad, es decir, en pleno mundo en el que lo absoluto ha quedado relegado al terreno de la fe —y a la conciencia dogmatizada de algunos cuantos— y todo termina por ser relativo, dado que el desciframiento del entorno depende del enfoque particular de locutores y espectadores, resulta por completo increíble el modo en que las cifras gobiernan la realidad y, más aún, se las arreglan —no ellas, sino quienes las esgrimen— para modificar conductas, impulsar leyes, sumir en la preocupación a miles y servir como asidero a otros miles, que ven en la realidad pintada por los números la única fuente posible de entendimiento objetivo a la que puede echarse mano.

Hace unos cuantos días apareció, en la prestigiada revista científica inglesa The Lancet, un artículo donde se plantea la nueva calificación que debe regir a las drogas —legales e ilegales— de acuerdo con los niveles de peligrosidad que representan para el consumidor. De acuerdo con tres criterios fundamentales —médico, legal y social—, el estudio asigna una serie de calificaciones a las veinte sustancias adictivas más populares y concluye que el alcohol —calificado con 72 puntos sobre un total de 100— es la droga más peligrosa que existe, más que la heroína —a la que aventaja por diecisiete puntos— y que cualquier otra droga existente. Por su parte, el tabaco, sexto en la lista con una calificación de 26, es más peligroso que, por ejemplo, las anfetaminas —23—, la marihuana —20—, la metadona —14—, los esteroides anabólicos —10—, el éxtasis —9— y el LSD —7—.

Si todo el estudio se basara en, simplemente, examinar qué hace una droga, cómo deteriora al consumidor y de qué manera lo conduce lentamente a la muerte, tal vez podría tomarse como algo serio. Y digo tal vez porque hasta al más incauto no se le escapa que los perjuicios inherentes al consumo de las sustancias residen, no sólo en qué es lo que se mete el sujeto, sino que también se relacionan con la cantidad en que ello se ingiere. Si a lo anterior se añade que el estudio, para asignar sus calificaciones, dice tomar en cuenta aspectos como el costo económico asociado al consumo, los daños al medio ambiente que éste genera, la pérdida de relaciones, las posibilidades de cometer crímenes —no se dice si bajo la influencia de las drogas o en medio del ansia por conseguirlas— por parte del adicto y las advertencias hechas por la familia con respecto a su hábito, resulta entonces que todo es una tomadura de pelo fenomenal, dado que los elementos aquí indicados se encuentran en el terreno del uso personal y, hasta donde se sabe, la metodología empleada para clasificar a las drogas no recurrió a ningún tipo de encuesta entre los adictos. Sin embargo, los números hacen su trabajo, las drogas se han clasificado y se espera que, en el corto plazo, las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para poner coto a los peligros mencionados.

Aunque ejemplos como el anterior sobran en este mundo gobernado por las cifras, tomaré un caso de suma notoriedad —y muy conocido— ocurrido en 2006 y protagonizado, adivinaron ustedes, por el Peje: durante meses —desde 2005, para ser exactos—, el sujeto en cuestión no perdió oportunidad para anunciar con bombo y platillo que llevaba —con base en una serie desconocida de encuestas— una ventaja de diez puntos en la intención del voto con rumbo a las elecciones presidenciales, sin importar que no tuviera, por momentos, contrincantes reales —dado que todos los institutos políticos se movían en los terrenos de las precandidaturas, las suposiciones y el tapadismo— ni que nadie supiera, a ciencia cierta, de dónde obtenía sus cifras. La cantaleta de los diez puntos se mantuvo hasta el día de la elección, a pesar de que era obvio para cualquera que el tipo había perdido muchísima ventaja, en principio porque los demás partidos habían terminado por designar a quienes defenderían sus respecivos colores en la contienda; más tarde, por no haber asistido al primer debate entre candidatos, y finalmente por su titubeante actuación en el segundo encuentro de abanderados partidistas. Ello no le importó: tenía diez puntos y por diez puntos iba a triunfar. La misma noche de la votación anunció que, aunque daría por bueno cualquier resultado, él sabía que tenía medio millón de votos de ventaja y, por tanto, exigía al IFE le reconociera esa misma delantera.

Para los fines de este análisis, no importa mucho si existían o no los 500,000 votos proclamados por López la noche del 2 de julio de 2006; lo interesante es que, al mencionar una cifra concreta —votos más, votos menos—, daba un asidero a la realidad, materializaba algo que no podía ser sino una quimera, una suposición o incluso una aspiración —para él mismo y sus seguidores— y le permitía proclamarse ganador. ¿De dónde obtuvo la cifra mágica que expresó en concurrido mitin celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México? Ni idea. Lo idóneo, lo que le daría visos enormes de verdad a su enunciación, habría sido el hecho de contar con una copia de todas las actas de votación generadas a lo largo y ancho del territorio nacional, a partir de lo cual decir "tengo tal ventaja" no sería sino un hecho claro, probado, comprobado y comprobable. Empero, lo más seguro es que el tío —y sus asesores— haya decidido hacer un muestreo rápido y, extrapolando las cifras obtenidas, decidiera efectuar su anuncio. Las consecuencias de tal maniobra son del dominio público —inestabilidad, polarización de la sociedad, golpes bajos, irrupciones en los medios y una campaña política que dura ya cuatro años— y no se necesita entrar en detalles para conocer el alcance de los mentados números en la construcción social de la realidad —punto que, por cierto, escapa a Berger y Luckmann en su brillante análisis—.

En fechas recientes, Transparencia Internacional dio a conocer su estudio sobre la corrupción existente en el mundo. La investigación, denominada "Índice de Percepción de la Corrupción", asigna a los países una calificación determinada a través de una metodología que combina la encuesta, el informe de los especialistas y la visión de algunos sujetos en lo referido a la mayor o menor existencia de prácticas de corrupción en un determinado sitio. Una vez que los datos son estandarizados, se forma la tabla y ya está: éstos son los más corruptos, éstos los menos, éstos los de en medio.

¿Cuál es la deficiencia del estudio de Transparencia Internacional? Para comenzar, el nombre del mismo: "Índice de Percepción de la Corrupción". ¿Quién percibe la corrupción, y cómo es que la percibe? La omisión en las funciones de un sujeto o una institución, ¿se incluye en los datos recabados? ¿Se integran a las consideraciones de Transparencia, no sólo el político de altos vuelos, sino quien le da dinero a un franelero para que le cuide el automóvil? El profesor que no califica a sus alumnos como debe, el vecino que se roba un pedazo de área común, el comerciante ambulante que se cuelga de los cables de la luz, ¿son tomados en cuenta? He ahí la mayor deficiencia del informe, a la que debe sumarse el hecho de que, como es notorio, toda práctica ilegal ocurre a la sombra, de la forma en que sea lo menos notoria posible, de modo tal que cuantificar la corrupción, los desvíos, los desfalcos y las omisiones sea un asunto más que espinoso dado que la posesión de cifras se convierte en un asunto fortuito y todo queda, nuevamente, en el terreno de la especulación que una metodología cándida intenta materializar y volver tangible para efectuar, eso sí, una denuncia contundente y, dicho sea de paso, loable. No obstante, todo ello me hace recordar aquella ocasión en la que un alumno llegó con un colega a presentarle su tema de tesis: él quería estudiar la piratería en el siglo XVII y preguntaba acerca de cómo debía proceder. El colega, muy en su papel, lo envió al archivo y le dijo que su trabajo sería relevante en la medida en que lograra cuantificar la piratería introducida en la Nueva España para así saber cómo había ésta actuado en los flujos reales de oferta y demanda de mercancías. ¿Cuantificar la ilegalidad? ¿Dónde están esos registros? ¿De qué manera es posible saber, en el siglo XVII o en el XXI, la cantidad de piratería que se produce, almacena y distribuye, el porcentaje de mercado que tiene asegurado, sus valores reales y el comportamiento del comprador frente a tales productos? Imposible: lo ilegal se mueve sin números; asignarle una cifra es más una cuestión de quimeras y adivinanzas que de establecer cantidades reales, objetivas, tangibles.

El último caso que me viene a la mente surgió hace apenas unos días y se relaciona, faltaba más, con la exigencia de algunos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional con respecto al otorgamiento de subsidios varios a la comunidad estudiantil, sobre lo que he hablado ya bastante en un par de entradas previas. Lo interesante aquí es uno de los argumentos esgrimidos por una alumna proclive al popular acto de estirar la mano: la autoridad está obligada a subsidiar comedores y fotocopiadoras por el simple hecho de que el 77% de la población universitaria gana menos de seis salarios mínimos y, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de acceder a comida, copias, diversiones ni materiales que aseguren su recto desempeño como estudiante, por no hablar de que no puede llevar una vida digna ni bla, bla, bla.

El salario mínimo vigente en el Distrito Federal asciende, en este noviembre de 2010, a $57.46; por tanto, seis salarios mínimos equivalen a $344.76 diarios, o a $10,342.80 al mes —contando treinta días por mes—. Así como se lee: diez mil pesos al mes. Obvio es que la cifra entra en el rubro de los ingresos medianamente buenos, con los que un sujeto puede hacer y deshacer sin preocupaciones de mayor especie; sin embargo, un ingreso menor, tal vez de una tercera parte del mismo —alrededor de $3,450— permite, a quien se administra bien, vivir, no con comodidades, pero también sin penurias. ¿Por qué entonces asumir que los seis salarios mínimos mencionados son la cantidad óptima de dinero que requiere un estudiante para no ser subsidiado? ¿De dónde sale la espectacular cifra? Se ignora. Podría pensarse que se buscó un número que, sin ser demasiado alto —después de todo, seis salarios no suenan a muchos salarios—, permitiera mostrar un porcentaje estrambótico de estudiantes sumidos en la pobreza y en la desesperación, aunque no se piensa que alguien que gane menos de los $10,342.80 mencionados no necesariamente es un pobre de solemnidad: ¿qué tan menos es eso menos que los estudiantes perciben? ¿Un peso menos? ¿Cien pesos menos? ¿Mil pesos menos, cinco mil, diez mil? No lo sé, pero he ahí el intríngulis de la cuestión: con decir que se gana menos se cumple con la exigencia de mencionar algo concreto; además, al asumir que un 77% de sujetos se encuentra en el decil inferior al designado como ideal, se presenta la realidad catastrófica y se apuntala una exigencia absurda.

Así es esto de las cifras. Decía Pedro el Mago Septién, al terminar un partido de beisbol, que sólo quedaba la frialdad de los números, es decir, el recuento desapasionado de los hits, las carreras y los errores que habían determinado el triunfo de un equipo y el fracaso de otro. En los casos aquí mencionados, los números son todo menos fríos: no son expresiones objetivas de la realidad, no son tampoco cuantificaciones inocentes ni expresiones abstractas. Los números, como todo, se enuncian con una intención, se extraen de la realidad, la transforman en algo que necesariamente sirve a un fin determinado —como en el caso de las encuestas donde, dependiendo de la respuesta que se quiera obtener y de la realidad que se busque retratar, se preguntan tales o cuales cosas de tales o cuales formas— y que construye discursos pretendidamente centrados en datos obtenidos objetivamente. Claro está, todo lo objetivamente que se pueda en un mundo que, por definición, es subjetivo.